Desde la obtención del derecho al sufragio en el 49 hasta la ley de paridad y alternancia hemos ido ganando espacios en la toma de decisiones. Sí, hemos avanzado mucho, eso nadie lo niega, pero falta aún mucho camino por recorrer.

Faltan pocos días para las elecciones municipales y cabe decir que no puede existir verdadera democracia sin verdadera representatividad. Y no hay duda de que las mujeres estamos infrarepresentadas en los puestos de elección popular y las papeletas en las que votamos por éstos. En las elecciones del 2010 solo 10 mujeres fueron electas alcaldesas, eso es un 12% de los 81 cantones y las mujeres somos el 51% de la población. En la actualidad, tenemos a algunas más ejerciendo por la renuncia, destitución o muerte del alcalde y ellas, como vicealcaldesas, llegaron a asumir ese puesto. El ejemplo más conocido es el de Sandra García, quien fue vicealcaldesa del Cantón Central de San José con Johnny Araya.  Cuando él renunció para aspirar a la presidencia, quedó ella.

Pero ¿por qué hay tan pocas mujeres alcaldesas? Pues, porque muy pocas fueron candidatas. Sólo un 15% del total de las papeletas a la alcaldía estaban encabezadas por mujeres. Las mujeres han sido históricamente indispensables para las elecciones en este país: se encargan de la comida, organizan en transporte, sacan a gente a votar, participan en movimientos sociales, son parte de grupos de presión, organizan comunidades enteras.

Se cree que eso no es política pero sí lo es. Eso es lo que se considera política informal. Ahora lo que queda es que nos lo permitan y nos animemos a pasar a tener voz  en la política formal, que busquemos la participación en los tres poderes del Estado, luchar por puestos de elección popular a nivel nacional y nivel municipal.

En las elecciones municipales del 7 de febrero del 2016 se van a elegir 6.069 puestos. De esos, el más importante es el de la alcaldía. Y acá es donde se nota la poca equidad: solo hay 116 candidatas a alcaldesa, lo cual es el 19% de las 605 personas compitiendo por ese puesto. Incluso hay 19 cantones en los que no hay ni una sola mujer candidata. Algo no está funcionando ya que el nuevo Código Electoral, promulgado en el 2009, introdujo la paridad y la alternancia

Empecemos por el principio

El sufragio femenino venía estipulado en la Constitución Política de 1949.  No obstante, este no fue un regalo de la Asamblea Constituyente, sino la culminación de años de lucha. Se creía que las mujeres no teníamos la capacidad suficiente para poder entender los mecanismos de la sociedad.  Se nos educaba para amas de casas recluidas o para monjas en un convento (también recluidas). Se nos creía indefensas y necesitadas de protección, seres emocionales y no personas racionales. Esto se traducía a que la participación en política fuera exclusivamente masculina.

Muchas mujeres anónimas han participado en el proceso de forjar la patria.  Lastimosamente, de ellas solo recordamos a pocas.  Recordamos a mujeres valientes como Pancha Carrasco, quienes, aún sin derechos políticos, pelearon hombro a hombro con los varones.

En 1889 hubo una revuelta popular para defender al presidente electo, pues el partido oficialista no quería acatar el mandato de la mayoría. En ese levantamiento participaron algunas mujeres,  En 1890, ya como Presidente de la República, José Joaquín Rodríguez le pidió al Congreso Constitucional que les otorgara el derecho al voto. Como era de esperar, los diputados desoyeron las órdenes.

La mujer está dotada de iguales facultades y sentimientos que el hombre, y por tanto, es tan capaz como él para ejercer sus derechos y tener justas y legítimas aspiraciones. ¿No tienen las mujeres intereses que defender, amor a la patria y a la familia? Indudablemente sí, ¿por qué entonces privarlas del derecho de elegir a las personas en quienes se van a depositar los destinos de esa patria, los propios intereses y los de su familia?

José Joaquín Rodríguez
Presidente de la República (1890-1894)
Diario Oficial LA GACETA, San José, 4 de junio de 1890

Ya en 1913 no paraban de llegar los cables sobre luchas sufragistas y movimientos feministas en distintas partes del mundo. Además se estaban dando varias reformas electorales. Esto volvió a poner la discusión sobre la mesa.  Aquí entra en escena Ángela Acuña Braum, quien se convertiría en la primera abogada centroamericana. Ella había viajado y estudiado en Europa y Estados Unidos, por lo que vivió en carne propia estas importantes luchas.  Ángela (quien es un personaje tan trascendente y tan ingratamente ignorado que no nos alcanza esta nota para profundizar en su obra y legado) cofundaría la Liga Feminista.

Las discusiones se daban en los diarios, en las revistas y en las calles. Opinaban los hombres, las mujeres y la Iglesia. Para esta institución, las mujeres estaban destinadas exclusivamente al hogar. Por eso –naturalmente– debían ser felices realizando labores domésticas y nada más. Los periódicos les dedicaban artículos de opinión, editoriales y caricaturas que se burlaban de los hombres si sus esposas lograban elegir representantes.

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“La Tribuna”, 3 de junio, 1934.

Con el golpe de estado del General Federico Tinoco en 1917 el tema regresó al Congreso. Diputados debatían a favor y en contra. Se escucharon cosas como: “El sufragio es más adecuado a otros países y nunca a los tropicales donde la mujer es tan apasionada.. Rápidamente llegaron las protestas a la dictadura lideradas por docentes. El gobierno respondió con la destitución. Las protestas aumentaron, grandes educadoras renunciaron y se derrocó al régimen.

El nuevo Presidente, Julio Acosta García le pidió al Congreso que les otorgara el derecho al voto por su gesta.  Los diputados rechazaron el proyecto alegando que la política es corrupta y que si las mujeres formaban parte de los asuntos públicos olvidarían su verdadera misión, estar confinadas al hogar.

En 1923, Ángela y algunas de las maestras que habían salido a las calles en protesta fundaron la Liga Feminista Costarricense. Como educadoras estaban interesadas en los eventos políticos y sociales y esto las llevó a cuestionarse las desigualdades y a encabezar luchas por sus derechos.

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Tan pronto asumió la presidencia en 1924, Ricardo Jiménez Oreamuno solicitó al Congreso que les otorgara el voto a las mujeres. Otra vez, no. Un año después, la Liga se lo exige en el contexto de la discusión de reformas a la Ley de Elecciones. Nada. En 1929 otro diputado presentó otro proyecto y volvió a fracasar. Dos años más tarde, un grupo de mujeres, incluidas las de la Liga Feminista, propusieron una modificación a la Ley Electoral. Como es de esperar, ni se discutió en el Congreso.

Lo volvieron a proponer en 1934 cuando Ricardo Jiménez volvió a ser presidente. Aunque salió de Comisión con voto positivo, nunca llegó a discutirse en el Plenario. En 1939 lo exigieron de nuevo. Una vez más, la respuesta fue negativa.  Sin embargo, habían sumado un aliado: el diputado comunista Manuel Mora Valverde. A finales del gobierno de Calderón Guardia los grupos de oposición acogieron la bandera del sufragio femenino, incluidos diputados que habían sido fervientes opositores al mismo. Pero una vez más el Congreso no lo discutió.

En 1947, basándose en la firma de la Carta de las Naciones Unidas, el Presidente Teodoro Picado propuso una reforma a la Constitución de 1871 para que las mujeres tuvieran los mismos derechos políticos que los hombres de elegir y ser elegidas. Fue aprobada unánimemente en Comisión pero no llegó a discutirse en Plenario.

En el contexto de la Huelga de Brazos caídos, miles de mujeres se presentaron en la Casa Presidencial para pedir por el fin de la huelga y, además, que les otorgaran derechos electorales. La manifestación fue encabezada por alumnas de la Universidad de Costa Rica de las cuales se incluye a Emma Gamboa. La exigencia prosperó, al día siguiente el gobierno otorgó a la Oposición lo que pedían y terminó la huelga. ¿Y el sufragio femenino?

Luego llegaron las elecciones, las acusaciones de fraude, la guerra civil, la entrega del poder a José Figueres Ferrer, la derogación de la Constitución, la creación de la Comisión Redactora del Proyecto de Constitución Política, la convocatoria a elecciones para la Asamblea Nacional Constituyente y la instauración de la misma.    

Y finalmente, el 20 de junio de 1949, con 33 votos a favor y ocho en contra, se aprobó el derecho a elegir y ser elegida, y así, ser ciudadanas plenas con participación política en todos los ámbitos. 

En 1953 se llevaron a cabo las primeras elecciones presidenciales con participación femenina. Las mujeres eligieron y fueron elegidas. Entraron al Congreso 3 de ellas en la bancada del Partido Liberación Nacional: Estela Quesada Hernández, María Teresa Obregón Zamora y Ana Rosa Chacón González.  La primera incluso fue la Vicepresidenta de la Asamblea Legislativa durante un año.

          ¡Ehhh!

          ¡Todas felices!

          ¡Por fin logramos una verdadera representatividad!

          En realidad no.

En Costa Rica existe el derecho al voto desde las elecciones municipales de 1813, pero ninguna mujer pudo acceder a él  hasta 1951. La primera en hacerlo fue Bernarda Vásquez Méndez. Ella se levantó ese domingo a las 3 de la mañana decidida a ser la primera en ejercer su derecho al sufragio. Lo hizo por el NO en el Plebiscito de La Tigra, donde se elegía entre seguir perteneciendo a San Ramón o pasar a ser de San Carlos. Vale decir que ella fue minoría, votó por continuar siendo de San Ramón pero desde ese año La Tigra es territorio sancarleño.

“Antes de morirme desearía ver una mujer en la Presidencia. Si para las próximas elecciones no puedo votar por alguna, preferiría no votar, porque los hombres siempre nos viven engañado”, dijo en una entrevista a La Revista Dominical en 1999. Ella falleció en el 2013, durante el gobierno de la primera presidenta costarricense.

Acciones afirmativas: cuotas y paridad

La Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW por sus siglas en inglés), de la cual Costa Rica es firmante, obliga a los Estados a tomar “medidas especiales de carácter temporal encaminadas a acelerar la igualdad de facto entre el hombre y la mujer no se considerará discriminación en la forma definida en la presente Convención, pero de ningún modo entrañará, como consecuencia, el mantenimiento de normas desiguales o separadas, estas medidas cesarán cuando se hayan alcanzado los objetivos de igualdad de oportunidad y trato”.

Estas medidas especiales son conocidas como acciones afirmativas y se definen como mecanismos temporarios diseñados para poder llegar a una igualdad real de los grupos que, históricamente, han sido excluidos. En otras palabras, son formas de presionar y obligar al sistema a incluir a sectores en desventaja, en este caso las mujeres, que hemos sido rechazadas y ninguneadas en la política. Según la investigadora costarricense, Laura Navarro, este proceso  “tiene como fin el superar los obstáculos y las condiciones concretas que imposibilitan el logro efectivo de la igualdad, otorgando beneficios a aquellas personas que en la realidad han sido desfavorecidos como consecuencia de la discriminación”.  

Estas medidas buscan que más allá de la igualdad formal ante la ley se logre concretar una igualdad real en la práctica. Lo que quiere decir que por el hecho de que la participación femenina no esté prohibida o limitada en el papel de la normativa, tampoco la garantiza. Esto se da ya que el sistema y las costumbres lo hacen muy difícil y lo desestimulan.

Nuestra sociedad casi que obliga a los hombres a que sean fuertes, dirijan, sean líderes y tomen decisiones. Por el otro se le enseña a las mujeres a ser obedientes, calladas y que se queden en la esfera privada del mundo doméstico. Cuando una mujer es fuerte y determinada se la tacha de necia, mandona, irracional.

Incluso cuando esta mujer se “sale del canasto” y empieza a hacer las cosas diferente a lo esperado, la misma sociedad ejerce sus mecanismos de control social para devolverla al papel que supuestamente le corresponde.  Ahí es donde escuchamos frases de vecinos, familiares y amistades como: “¿Pero para qué se va a meter en política? Usted no tiene nada que hacer ahí, eso es para gente que sabe”, “¿Quién le va a cuidar los hijos?” o incluso un “Vaya barra el piso” al final de una discusión para desestimar nuestra opinión solo por el hecho de tener vagina.

En la vida en general los hombres tienen ventaja por ser hombres. En el campo de la política, todavía más. Es por eso que se requieren acciones para allanar el terreno y jugar con las mismas reglas del juego, porque si desde el punto de salida las condiciones dadas por el sexo son diferentes, los resultados van a ser diferentes, y la sociedad por sí misma no va a lograr la equidad.

Las acciones afirmativas también son conocidas como discriminación positiva y un ejemplo de esto es el sistema de cuotas. En Costa Rica, con la reforma que se hizo al Código Electoral en 1996, se estableció un mínimo de participación femenina de 40%, con lo que los partidos ponían a las mujeres al final de la lista por lo que muy pocas resultaban electas. Para luchar contra ello, el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), mediante la resolución nº 1863-99 del 18 de setiembre de 1999 dispuso que ese 40% de mujeres debían ir en puestos elegibles.

Después de lo vivido con las cuotas, en el 2001, el TSE propuso el principio de paridad (igual número de hombres y de mujeres en las listas) y del mecanismo de alternancia, para ser aplicados en el nuevo Código Electoral. No fue hasta  el 2009 que se aprobó la legislación.  El artículo 2 de este documento  habla sobre participación política por género:

(…) La participación se regirá por el principio de paridad que implica que todas las delegaciones, las nóminas y los demás órganos pares estarán integrados por un cincuenta por ciento (50%) de mujeres y un cincuenta por ciento (50%) de hombres, y en delegaciones, nóminas u órganos impares la diferencia entre el total de hombres y mujeres no podrá ser superior a uno. Todas las nóminas de elección utilizarán el mecanismo de alternancia por sexo (mujer-hombre u hombre-mujer), en forma tal que dos personas del mismo sexo no puedan estar en forma consecutiva en la nómina.

Esto se llama paridad vertical, donde encabeza un hombre, le seguirá una mujer, después otro hombre y luego otra mujer, y así sucesivamente; y viceversa. Esto se aplica a papeletas donde se elige por lista, ya sea en diputaciones a nivel nacional o regidurías y concejos de distrito a nivel local.

Lo que pasa es que muchas (la gran mayoría) van encabezadas por hombres, hay cantones donde no hay ni una sola mujer encabezando la lista de regidurías. Esto significa que si los resultados están con muy ajustados, con el gran número de partidos postulantes, puede que tengamos Concejos Municipales con nula votación femenina.

Así es como se rige en el país el principio de paridad y el mecanismo de alternancia por sexo, para asegurar la participación y el involucramiento de mujeres en espacios de toma de decisiones y corregir las tendencias machistas tradicionales que aún tenemos tan arraigadas, y así seguirá siendo hasta que deje de ser necesaria una obligación legal hasta que la ciudadanía como los partidos políticos se hayan apropiado de la importancia de la igualdad real, en ese momento la norma habrá caducado.

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