Partiendo de la pregunta “¿en serio Costa Rica es tan insegura?” terminé hablando con filósofos, psiquiatras, psicólogas y dueños de polígonos y armerías. Esta es la segunda parte de mi historia.
Una vez que Alexánder desmintió que las personas migrantes representan un peso destacable en los índices de criminalidad, quedaban dos grupos en particular que valía la pena explorar qué relación tienen con el panorama general del país en cuanto a violencia: las personas con enfermedades mentales y las personas privadas de libertad.
Debido a la cantidad de tiroteos masivos en Estados Unidos, varios medios como CNN, The New York Times, The Atlantic y personas desde la academia han hecho un esfuerzo por reivindicar ambos grupos.
Es importante mencionar la relevancia de la salud mental como un factor transversal a este tema. Uno de los requisitos de portación de armas en Costa Rica es una prueba de idoneidad mental, que certifica que las personas que la aprueban están “facultadas” para usar en arma en defensa personal, un ámbito deportivo o en seguridad laboral.
Con respecto a las personas privadas de libertad, mucho tiene que ver con los comentarios en contra de la actual gestión del Ministerio de Justicia y Paz ha sido víctima de acoso y aplausos – cara a cara, en medios de comunicación y por redes sociales – por promover un enfoque de derechos humanos.
Más allá de satanizar a las personas que están encarceladas, la ministra Cecilia Sánchez y Marco Feoli entienden que son varias las situaciones generalmente ligadas a las exclusiones socioeconómicas que llevan a las personas a delinquir. Aún más importante: ambos entienden que no por eso requieren un trato menos humano.
“Tanto la cárcel como el [hospital] psiquiátrico son lugares para olvidarse de la gente, [son] instituciones que están diseñadas para deshacerse de la gente indeseable”, me comentó el viceministro de Justicia Marco Feoli.
Placa en el Hospital Nacional Psiquiátrico. Foto de Manuel Mojica.
“Si vos encerrás a un grupo de personas en un espacio limitado, va a haber conflictos” aseveró Marco. “Además, va a haber un impacto negativo en la salud de las personas: las cárceles están diseñadas para eso”, agregó.
El problema con las cárceles es que existe la idea de que están llenas de personas dañinas, por lo que algunas personas no consideran el tener empatía con la población penitenciaria. Algo parecido funciona con las personas en instituciones mentales.
Según Rigoberto Castro, quien es psiquiatra y trabaja en el Hospital Nacional Psiquiátrico, “la locura” es una construcción subjetiva sobre —lo que es normal— y —lo que no—. “También la usamos para referirnos a aquello que nos da miedo”, recalcó.
El psiquiatra Javier Contreras me aclaró que “no hay que caer en el sesgo de que los pacientes psiquiátricos son violentos”. Vale la pena mencionar también a quienes tienen una enfermedad mental porque, dependiendo del trastorno, la persona podría causar un daño a sí misma o a terceros. También porque se espera que una persona con un arma de fuego “no la use para algo que no debe”. Por eso, uno de los requisitos es aprobar una prueba de idoneidad mental.
La prueba de idoneidad mental
La prueba de idoneidad mental no garantiza realmente la idoneidad mental de las personas. Aunque hay que firmar una declaración jurada para someterse a la prueba, no es una barrera difícil de saltar para quienes mientan en ella.
Además, según el psiquiatra Rigoberto Castro, la idoneidad mental puede cambiar muy rápidamente según distintos factores: no es una condición constante. Además “de dos o cuatro horas no son suficientes para determinar la ‘idoneidad de una persona’”. “Ni siquiera con varias valoraciones usted puede asegurar que una persona es idónea” me comentó el psiquiatra Javier Contreras, al consultarle su opinión sobre la prueba.
Por curiosidad, le pregunté a un estudiante que estaba pronto a iniciar su internado y tiene un interés particular por la psiquiatría qué pensaba de la prueba. Su respuesta fue sencilla y directa: no sirve.
Placa en el Hospital Nacional Psiquiátrico Manuel Antonio Chapuí y Torres. Fotografía de Manuel Mojica.
Aunque el Colegio de Profesionales en Psicología de Costa Rica establece en el “Reglamento para realizar Evaluaciones de Idoneidad Mental para poseer y portar armas de fuego”, artículo 3, que cada evaluación debe realizarse por individual; pude escuchar durante mi investigación al menos a tres personas (ninguna quiso ser identificada) que conoce casos de “evaluaciones colectivas”.
Ante esto el Colegio es bastante claro: este por sí mismo es un ente que cumple las responsabilidades que la ley le achaca y vela porque las personas asociadas tengan la preparación adecuada para desempeñar distintas funciones dentro de un marco filosófico adecuado. Eso sí, no pueden hacer nada cuando las anormalidades no son reportadas.
La gente que nos cuida
La jefa de reclutamiento de la Fuerza Pública, Ruth López, me explicó que para llegar a ser policía hay que pasar por distintos procesos que actúan como filtros.
- Una prueba psicológica que determina “ciertas habilidades y competencias”.
- Una prueba de valoración médica (estado de salud de la persona).
- Una prueba de valoración física para determinar su condición (condición física).
- Una investigación preempleo que intenta profundizar en la personalidad de la persona.
López dice que los funcionarios de la Fuerza Pública deben contar con empatía profesional que le permite atender cualquier situación que enfrente durante su labor policial.
El problema es que es la empatía que se puede tener con otras personas de comunidades vulnerables o minorías sociales puede ser muy diferente. “Esta es una profesión muy sensible, por lo que nuestros filtros rechazan a una porcentaje significativo de personas”, acotó López.
La viceministra de Seguridad Pública, María Salazar, me explicó luego que cada vez que un oficial de policía quiera optar por un puesto de mayor rango, debe someterse a distintas pruebas y capacitaciones de sensibilización. Que las apruebe no quiere decir que ya sea una persona sensible y respetuosa ante ciertas poblaciones diferentes a las que él pertenece, pero según la viceministra “no hay ningún mecanismo interno que permita sancionar a quienes [son policías y] discriminan”.
Si bien nuestra situación no es similar a la de Estados Unidos, no quiere decir que aquí no haya actos de discriminación o violencia en contra de los Derechos Humanos.
Los requisitos de portación
Para este punto, todavía no tenía claro aún si debía o no conseguir un arma para sentirme más seguro. Por eso, decidí iniciar el proceso necesario para poder portar un arma de manera legal. Son cuatro requisitos y pueden ejecutarse en cualquier orden:
- Toma de huellas: Este documento del Ministerio de Seguridad Pública explica que con la cédula o residencia y una fotografía tamaño pasaporte, en esta dirección. El horario es de lunes a viernes de 7 a 16 horas. El trámite no tiene costo.
- Firma digital: Es una tarjeta y un dispositivo lector que se conecta a la computadora y “autentifica” la firma del usuario a través de certificados digitales y se utiliza en distintos trámites. El costo depende de la entidad bancaria donde se adquiera. Aquí está la lista de todas las que ofrecen el servicio y sus respectivos costos. (Si es la primera vez que la adquiere, podría costarle poco menos de 30 mil colones.)
Yo tuve problemas con la firma digital ya que posee problemas de compatibilidad con algunos sistemas operativos, algunos navegadores e incluso algunos sitios web. Llamé al menos tres veces a soporte técnico. La buena noticia es que los domingos atienden muy rápido.
- Valoración de idoneidad mental: Se trata de una entrevista a profundidad con una persona profesional en psicología o psiquiatría, quien determinará si el estado mental de la persona solicitante es óptimo al momento de realizar la prueba. Según el tarifario del Colegio de Profesionales en Psicología de Costa Rica, la prueba tiene un costo de 51 243 colones.
- Prueba teórico-práctica: Se trata de una prueba escrita de 20 preguntas de respuesta múltiple en las que se evalúan temas asociados a normas de seguridad, legítima defensa, conocimientos generales de balística y ley 7530 de Armas y Explosivos. Se aprueba con un 70.
Una vez completados estos requisitos, se puede inscribir formalmente el arma. La plataforma ControlPAS establece que es obligatoria la inscripción de todas las armas de fuego que están autorizadas en el país. El trámite no tiene costo, salvo por los mil colones de timbres fiscales. Es común que las armerías presten el servicio de acompañamiento durante el proceso.
Lo siguiente que necesitaba saber era si realmente tener un arma en las manos me haría sentir más seguro. Decidí agendar una cita en un polígono de tiro.
