El presidente Carlos Alvarado todavía está a tiempo de cumplir con su compromiso de campaña, para garantizar que las mujeres decidan de forma autónoma y segura sobre sus cuerpos.
Aunque Costa Rica se jacta internacionalmente de ser un país defensor de los derechos humanos, las deudas del Estado y los gobiernos en garantizar legislación en este campo se acentúan cada tanto. Somos las mujeres las que más sufrimos con esos rezagos y nuestros cuerpos son tratados como territorio de disputa. Ahora, enfrentamos un caso simple y urgente: la falta de un Protocolo de Interrupción Terapéutica del Embarazo (ITE).
Luego de las elecciones presidenciales, Costa Rica recién despierta de una especie de adormecimiento pos elecciones, el país cayó en cuenta de que estuvo a punto de ser gobernado por un partido clara y públicamente fundamentalista ultraconservador, Restauración Nacional (PRN), el cual pese a perder las elecciones presidenciales consiguió 14 curules en Asamblea Legislativa); y el cual se ha declarado enemigo de cualquier lucha relacionada con los derechos humanos, especialmente los derechos de las mujeres.
La polarización de la sociedad tica durante ese tiempo electoral fue agitada fuertemente por este partido y sus simpatizantes, a partir de “temas sensibles” como el matrimonio igualitario, la opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH), y el aborto, que de nuevo fue traído al terreno político electorero. Aunque el PRN no fue el único que defendió dicha posición, lo cierto es que su presencia influyó para que las y los distintos actores partidistas se dieran “permisos” para negociar con los derechos de las mujeres, y por tanto con sus –nuestros– cuerpos.
Lo que los grupos fundamentalistas han querido vender carece de veracidad: la aprobación de un Protocolo ITE no tiene nada que ver con la “introducción del aborto en Costa Rica”. La figura de aborto despenalizado ya existe en el país y, desde hace décadas, se contempla en el artículo 121 del Código Penal: “ No es punible el aborto practicado con consentimiento de la mujer por un médico o por una obstétrica autorizada, cuando no hubiere sido posible la intervención del primero, si se ha hecho con el fin de evitar un peligro para la vida o la salud de la madre y éste no ha podido ser evitado por otros medios”.
Aprobado, lo que este Protocolo haría es garantizar la aplicación de dicho artículo, ni ampliar ni quitar nada de lo establecido por la ley. Más bien, vendría a dar la certeza jurídica y técnica que el personal médico necesita para implementarlo de forma adecuada: para salvar vidas y mantener la salud de muchas mujeres que, por diferentes razones, deben tomar una decisión difícil, pero una que tienen todo el derecho de tomar por sí mismas.
Asimismo, por parte de PRN se acaba de incorporar en la corriente legislativa el Proyecto de ley expediente No° 20.673, “para proteger el derecho a la vida”. Plantear una “defensa de la vida” a partir de un proyecto como este, el cual endurece las penas en los artículos donde el aborto está penalizado y limita el artículo 121 de aborto impune o terapéutico, obvia en todo sentido y dirección el derecho a la vida, la salud y la autonomía de los cuerpos de las mujeres (de nuevo, intentan legislar sobre nuestros propios cuerpos); además de evidenciar un discurso de odio y un desprecio total a la autodeterminación de las mujeres como ciudadanas sujetas de todos los derechos.
Más tristes resultan aún las últimas declaraciones del presidente Carlos Alvarado al respecto de las “prioridades” de su gobierno: nuevamente nosotras, las mujeres, nuestra salud y nuestra vida, quedan relegadas, a pesar de sus promesas en elecciones y la presencia en su plan de gobierno del compromiso de firmar una norma técnica que dé pie a un Protocolo ITE y que beneficie a todas las mujeres que necesiten recurrir a él.
Desde la Colectiva por el Derecho a Decidir consideramos lo anterior como una pésima señal a favor de lo que se ha llamado un “acuerdo de gobierno de unidad nacional”. De nuevo, el cuerpo de las mujeres es utilizado en negociaciones moralistas-conservadoras que solo pueden traer mucho dolor y muerte.
Creemos que el presidente Carlos Alvarado está a tiempo de hacer valer su compromiso, un compromiso que salvará vidas y permitirá que muchas mujeres ejerzan un derecho con el que los hombres cuentan de forma sobreentendida: el de decidir de manera autónoma sobre sus propios cuerpos.
La autora forma parte de la Colectiva por el Derecho a Decidir
