Álvaro Ramos asesora al actual jerarca de Seguridad, Gustavo Mata. Ramos también hizo público su apoyo a Fabricio Alvarado… ¿entonces?

A pocos días para la realización de la segunda vuelta electoral en Costa Rica, los candidatos han podido profundizar en detalles sobre sus equipos de trabajo y las políticas que llevarán a cabo en caso de verse favorecidos el 1 de abril.

Uno de los temas en el cual han podido ahondar y que presenta uno de los desafíos más relevantes en este momento es la seguridad.

En 2017,  Costa Rica tuvo su peor desempeño de seguridad en los registros, medido según la tasa de homicidios dolosos. La tendencia de nuestro país es hacia un crecimiento acelerado de la violencia, mientras que en nuestros países vecinos -con condiciones geopolíticas muy similares a las nuestras- la tendencia es contraria (ver Gráfico 1). Eso nos permite definir con claridad que existen factores que son únicos para nuestro país.

¿Qué está causando la inseguridad?

Para definir las políticas correctas que necesita un país, es necesario comprender adecuadamente las causas de sus problemas. El debate en seguridad ha girado en torno a la administración del sistema penitenciario. Ciertamente existen debilidades que deben ser corregidas para mejorar los criterios técnicos con los que una persona privada de libertad obtiene algún beneficio carcelario (aunque el Poder Judicial también gira órdenes en esta dirección) y con los que se prepara para su inserción social.

Los puntos anteriores son elementales para reducir la reincidencia y apoyar en la tarea desde cdiferentes áreas; sin embargo, los datos indican que el problema está en otra parte: la violencia por drogas. Entre 2013 y 2015 el número de homicidios relacionados a disputas por drogas casi aumentaron en cuatro veces. Al mismo tiempo, los homicidios consecuencia de asuntos personales o de robos se mantuvieron estables (ver Gráfico 2).

Esto nos indica que en un lapso muy breve hubo un cambio significativo que detonó esa ola de violencia que persiste hasta la actualidad. Ciertamente nuestra posición geográfica nos coloca en medio del corredor del narcotráfico que envía drogas hacia Norteamérica, así como dinero y armas hacia Suramérica. En principio eso puede explicar la escalada inicial que tuvieron los homicidios por droga en el año 2014. Sin embargo, la atención de ese fenómeno no se hizo de la forma más efectiva debido a las políticas que adoptó el país.

A diferencia de la delincuencia común, la delincuencia organizada genera redes de apoyo económico y de pertenencia colectiva que se vuelven muy atractivas para personas en condición de vulnerabilidad social. La falta de empleo y oportunidades muchas veces convierten la venta de droga en la única opción para mejorar la calidad de vida.

Es por eso que países como Nicaragua y Panamá colocan un énfasis en la prevención social que no solo se limita a brindar asistencia, sino también a generar un entorno de más confianza entre la policía y las personas jóvenes (quienes están en mayor vulnerabilidad de ser reclutados por esas redes). Incluso Panamá ha probado con dar amnistía a ex integrantes de estas redes criminales, particularmente aquellos que estaban en la base en la organización.

Sin embargo, Costa Rica decidió tomar el enfoque contrario y en 2015 el Ministro de Seguridad, Gustavo Mata, creó la denominada “Fuerza Especial Operativa” cuyo trabajo es ingresar con medidas de choque a barrios vulnerables. A pesar de que este grupo operativo ha logrado detenciones y decomisos de droga, la violencia no frena y más bien va en aumento.

Este aumento en la violencia es una consecuencia de esta política extremadamente represiva, ya que en lugar de detener a los grandes distribuidores de droga o trabajar en la reducción del consumo (o en la reducción de daños), estas medidas estaban dirigidas a desarticular bandas locales, que principalmente sirven como intermediarios. Como aún existe  oferta y demanda en el mercado de droga, es lógico que hayan otras personas que se quieran disputar los territorios que quedaban vacantes.

Continuar con lo que no ha funcionado o cambiar el rumbo

Al Ministro de Seguridad, Gustavo Mata, lo asesora Álvaro Ramos: el principal vocero de Fabricio Alvarado en temas de Seguridad. La visión de Ramos es  conocida por ser excesivamente represiva y el equipo de Restauración Nacional parece concordar con esas tesis. De las siete propuestas específicas en materia de seguridad en el programa de gobierno de este partido, ni una sola corresponde a políticas o programas preventivos.

Por otra parte, el programa hace énfasis en las estrategias propias del populismo punitivo como aumentar las penas vigentes. No existe evidencia científica de que demuestre alguna causalidad entre la dureza de la pena signifique y una reducción de la actividad delictiva. Más bien, las políticas preventivas son las que parecen estar dando resultados en la región.

Al mismo tiempo, el programa de gobierno de Restauración Nacional presenta una muy visión limitada de la gestión policial como se presenta a continuación:

  • Promover una discusión seria entre el Poder Judicial y el Ministerio de Seguridad Pública, con el fin de desarrollar la eventual generación de proyectos de ley para que la policía judicial concentre su trabajo en la lucha contra el crimen organizado.
  • Promover, en atención de lo dicho en el lineamiento anterior, que la policía administrativa se concentre en la investigación y combate de los crímenes comunes.
  • Avanzar en la unificación funcional de las policías, de tal manera que las distintas policías existentes coordinen su trabajo en pro de objetivos comunes. De particular importancia, es que la Fuerza Pública tenga capacidades y habilidades apropiadas para coadyuvar con la Policía de Tránsito.”

En resumen, se plantea una unificación del mando de la policía administrativa y una judicialización automática de la delincuencia organizada. Sobre el mando unificado es importante resaltar que todas las policías del Poder Ejecutivo tienen como autoridad final al Presidente de la República; sin embargo, su especialización es necesaria para vigilar el cumplimiento de distintas leyes según nuestras prioridades.

Por ejemplo, en un país que cerró el año anterior con 458 muertes en carretera y tiene una infraestructura vial desbordada, parece muy necesario contar con una Policía de Tránsito dedicada de forma profesional a garantizar que se cumpla la Ley de Tránsito. La coordinación entre diferentes ramas policiales es posible y ya ocurre en los ámbitos nacional y local.

Por otra parte, utilizar al Organismo de Investigación Judicial exclusivamente contra el narcotráfico es desconocer por completo el rol que tiene la policía judicial en investigar otros crímenes como robos, amenazas, atropellos o todos los tipos de homicidios en general. El Poder Ejecutivo ya cuenta con cuerpos policiales dedicados a combatir bandas criminales; por ejemplo: la Policía de Control de Drogas (PCD) o las Policías de Migración y Fronteras en cuanto a grupos dedicados al tráfico de personas.

Todas las propuestas anteriores demuestran un alarmante desconocimiento de la realidad institucional en Costa Rica y la complejidad de las diferentes inseguridades que viven las personas. En el programa de Restauración Nacional están invisibilizadas problemáticas como la violencia de género o la gestión de emergencias, que también implican capacitación y acción de cuerpos de seguridad.

Por otra parte, la propuesta del Partido Acción Ciudadana -sin ser disruptiva ni proponer un viraje absoluto- propone una visión más comprensiva de la seguridad. En el plan de gobierno, de las 47 propuestas específicas en esta materia, 18 se trataban de acciones y programas preventivos (un 38%).

En los acuerdos de Gobierno Nacional formulados para segunda ronda entre Carlos Alvarado y Rodolfo Piza se proponen cuatro medidas adicionales, de las cuales una está enfocada en la prevención:

Enfrentar las causas y las consecuencias sociales de la criminalidad para dar oportunidades a las personas y disminuir el riesgo de reincidencia.

Lo anterior se puede entender como una política de prevención social orientada a la generación de oportunidades de empleo y educación, así como de actividades lúdicas y espacios culturales que en conjunto pueden generar una reducción de la violencia en el mediano y largo plazo. Sin embargo, también se requieren acciones de corto plazo. En ese sentido, el acuerdo de Gobierno Nacional menciona los siguiente:

Formular una política criminal que articule una serie de elementos para luchar contra la conflictividad social en procura de atacar el delito, haciendo énfasis en una mayor rigurosidad con los delitos violentos y la reincidencia, así como en un esquema efectivo para reducir la liberación de personas que las autoridades capturan en múltiples ocasiones. Contemplará medidas de corto, mediano y largo plazo en cuyo diseño, planeamiento y ejecución participarán los tres poderes del Estado.

El acuerdo no especifica en qué consistirán las medidas que se podrán en práctica. Sin embargo, es un aspecto positivo que el énfasis se de en la reducción de delitos violentos y no en otro tipo de faltas que no están generando externalidades negativas. En esa dirección será necesario revisar todas las acciones que estén vinculadas a la política de drogas, que como se indicó actualmente es la causa principal de violencia del país. Enfocarse en personas reincidentes también puede ser una apuesta positiva, siempre y cuando exista un acompañamiento efectivo dentro del sistema penitenciario para evitar futuros actos delictivos.

Una política integral de seguridad

Los datos permiten concluir que la actual administración deja un saldo negativo en materia de seguridad. Restauración Nacional pretende continuar con políticas no han funcionado e incluso profundizarlas. Por otra parte, Acción Ciudadana hace una apuesta por impulsar una Política de Estado en materia de seguridad, mejorando la coordinación del sector Seguridad y Justicia que en este gobierno ha estado ausente. No obstante, aún parece pronto para conocer cuáles serán los alcances de esos cambios.

Para contener la escalada de la violencia y empezar a observar mejores indicadores de seguridad, el próximo gobierno deberá implementar una política más integral, con medidas de prevención y de control. Los objetivos estratégicos no deben plantearse en función del número de detenciones o de decomisos de drogas, sino de datos cuantificables en reducción de la violencia (principalmente tasa de homicidios dolosos).
Es importante también ver esfuerzos provenientes de otros lugares. La Política Nacional Integral y Sostenible de Seguridad Ciudadana y Promoción de la Paz (POLSEPAZ) contó la participación de diferentes sectores y expertos que materializaron sus propuestas en un documento muy completo que sigue vigente. Ciertamente, será necesario revisar algunos elementos para hacerle frente a los nuevos desafíos. Aun así, no será necesario partir desde cero y esperemos que a partir del 8 de mayo empiecen a tomarse decisiones que vayan en beneficio de nuestra seguridad.


Las fotografías utilizadas en este artículo fueron extraidas de la cuenta de Twitter del actual Ministro de Seguridad, Gustavo Mata Vega.

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