Debido al incumplimiento de derechos humanos que sufren las personas de la población ngäbe-buglé, se encuentran en una huelga en reclamo a la empresa bananera que los emplea.
Imagine vivir en un lugar en el que no hay acceso al agua potable; en el que las casas están en mal estado, a punto de derrumbarse y donde solo hay una fuente de trabajo.
Una buena solución sería pedirle ayuda a las autoridades estatales, pero para los indígenas ngäbe-buglé de Sixaola, esto no es posible.
Por ser una población transfronteriza, el Estado costarricense les considera de origen panameño, por lo que el procedimiento administrativo les limita el acceso a servicios de salud, de asistencia social e incluso, becas para poder estudiar.
Se le llama “población transfronteriza” a aquellas personas cuyo territorio fue dividido por el establecimiento de fronteras impuestas por colonizadores. Esta lógica política y administrativa ignora la particularidad de estas organizaciones sociales y lejos de ayudarlas, vulnera sus derechos humanos fundamentales.
Revista Vacío publica algunos testimonios de personas que llevan años lidiando con esta situación y que han alzado su voz con la esperanza de un cambio.
En octubre del 2017, más de 40 miembros de este pueblo indígena se reunieron con distintos representantes del Gobierno para buscar en conjunto algunas soluciones. Estas son algunas de las historias de vida de las personas en Sixaola.
Rolando
“Llevo en huelga 3 años y 8 meses, porque en las bananeras explotan a los trabajadores. En este momento hay tres fincas en huelga, porque la empresa nos trató de quitar todos nuestros derechos: no nos pagaron, nos deben dos años de cesantía y no nos dieron liquidación. Además, bajaron nuestros salarios de 11 mil a 9 mil colones diarios. Cuando reclamamos, nos dijeron que no podían hacer nada por nosotros, por ser “extranjeros”.
Nos dieron un concherito [una especie de gancho] para conchar [guindar] la fruta, pero era solamente un palito que servía para eso. Uno veía al final de la tarde como los compañeros quedaban con los hombros golpeados, quemados, chimados y lastimados por eso.
No solo nos trataban mal como empleados, también nos trataban mal por ser indígenas. No puedo creer que después de 21 años en Costa Rica me traten como si fuera un extranjero.
Durante la huelga ha sido todo muy difícil. A veces vendo galletas o frutas para conseguir algo para comer, pero hay días en que no me va bien y no hay plata ni para comer, ni para vestirse.
Yo quería que le dieran una beca a mi hijo de 11 años para que pudiera estudiar, pero nos ponen trabas porque dicen que somos panameños“.
Francisco
«Desde que empezamos la huelga, ha sido difícil: nos hemos preparado bien para aguantar esta lucha, aquí estamos todavía esperando una solución por parte de la compañía bananera. Durante la huelga nos han sacado con policías, nos han tirado piedras, las empresas y el gobierno compraron a personas que nos trataron de desalojar y a muchos nos golpearon… pero nosotros nos hemos mantenido.
Hay muchos compañeros que tienen hijos viajando hasta Panamá a estudiar. Yo de hecho soy uno de los que viaja desde Panamá. Viajo todos los días de Panamá hasta Costa Rica, duro 2 horas y media.
Durante la huelga, sobrevivimos con lo que hayamos. Tenemos siembras de plátano, coco, cacao, ají, culantro, banano, ñame, eso es lo que comemos.
Mis hijos dependen de mí y la estamos pasando mal, pero no por eso vamos a huir ni vamos a dejar de luchar, tenemos que demostrarle al gobierno de Costa Rica que hay que hacer cumplir los derechos de los trabajadores”.
Saucedo
“Tengo 55 años de edad y 3 de estar en huelga. Tengo una familia grande, de 10 personas. He luchado arduamente por la comida. Lo que he hecho es ir a rebuscar, como le decimos nosotros a bretear en las plataneras. Lo poquito que traigo lo comemos en la casa.
Con costos conseguimos 30 mil colones al mes. La empresa empezó a reducir el salario que ganábamos: pasó de 11 mil a 9 mil colones. A veces nos ponían triple jornada laboral de un solo. Después de fumigar, me ponían a cortar el producto.
Aún así, no me alcanza para comprarle ropa o mudadas a mis hijos. No los puedo mandar a todos a la escuela porque no les puedo comprar todos los materiales que pide la maestra. Los que van a clases van con chancletas.
Tengo la piel quemada por agroquímicos porque cuando trabajaba en la bananera, las avionetas fumigaban con nosotros ahí. No había nada que nos protegiera”.
Anastasio
“Desde el 2015 estoy en huelga. A finales de ese año estuve enfermo como 10 meses. No me daban atención médica porque cuando fui, me decían que yo nunca había cotizado con la empresa. Nunca nos pagaron liquidación y eso que nos bajaron las tarifas de nuestras labores.
Mis hijos van a la escuela pero no tengo dinero para comprarles zapatos ni uniformes, entonces van descalzos o con chancletas. Aquí comemos banano sancochado para sobrevivir”.
Dominga
“Muchas veces no tenemos qué comer. Lo que nos ha salvado es el banando, con eso nos hemos mantenido. Yo quisiera que mi esposo tenga un mejor trabajo, yo apoyo su lucha, aunque es muy difícil. Tengo cuatro hijos. Dos son pequeños, de 5 y 8 años. Mi hija, quien se gradúa este año, no tiene zapatos ni vestido para la graduación”.
Luisa
“Es muy difícil no tener dinero. Mis hijos y sus estudios se ven comprometidos por eso: no tenemos con qué pagar sus útiles ni su comida. Ellos no tienen ni cuadernos, ni bultos ni zapatos.
Yo quiero que le reconozcan sus derechos a mi esposo a y todos sus compañeros que se están manifestando”.
Nelson
“Llevo 2 años y 7 meses en huelga. Es difícil tener familia en esa situación. Mi señora está con mis hijos en la comarca. Allá, en Panamá, ellos pueden ir a la escuela. Se mantienen con lo que ella les puede hacer: banano sancochado de la planta que tienen y a veces crema. Desde hace dos años no los veo, porque no tengo con qué mantenerlos. Nos tenemos que hablar por teléfono.
A veces ayudo a compañeros en las plataneras. Me pagan 4 mil colones por 6 horas de trabajo. Vivo con un compañero en una casa que tiene agua pero no tiene luz. Cocinamos con fogón o con reflector.
Yo no me voy a dar por vencido, quiero que esta situación se termine”.
Augusto
“A varios compañeros los despidieron por hacerles persecución sindical. Yo llevo cuatro años en huelga. Desde entonces, lo más difícil es que mi hijo tuvo que dejar de estudiar porque no tenía con qué pagarle sus estudios.
La empresa nos pagaba muy mal. De hecho engañó a mucha gente para que renunciara y no les pagaron lo que les tocaba por derecho.
Quiero agradecer a los universitarios que se han mantenido en solidaridad con nosotros, porque el gobierno nos discrimina”.
Laura
“Mi sueño es tener zapatos, medias y un vestido para mi graduación. Eso lo único que quiero. Sé que mi papá no tiene la plata [para comprar esas cosas], pero yo entiendo por qué está luchando por sus derechos”.
¿Qué hará el gobierno de Costa Rica?
Distintas autoridades del Gobierno tuvieron la oportunidad de escuchar estas y otras historias de vida directamente de la población indígena. La reunión se realizó en el marco del 12 de octubre, día que recuerda la llegada de Cristobal Colón a la isla Guanahaní y el inicio del período de colonización que se extendió hasta cuatro siglos después.
La representación del gobierno se compuso de Ana Helena Chacón, Vicepresidenta de Asuntos Sociales; Ana Gabriel Zúñiga, Viceministra de la Presidencia y Carmen Muñoz, Ministra de Gobernación.
Ya que el pueblo indígena reclama el reconocimiento de su nacionalidad costarricense, también hubo representantes del Tribunal Supremo de Elecciones y la Dirección de Migración y Extranjería.
En esa primera reunión, se acordó que se haría una reunión de seguimiento en la que distintas instituciones autónomas – la Caja Costarricense del Seguro Social, el Instituto Mixto de Ayuda Social – y dependencias del Poder Ejecutivo – los Ministerios de Trabajo y Seguridad Social, así como el de Educación Pública – van a buscar un plan de acción para atender de forma integral las necesidades planteadas por el pueblo ngäbe-buglé.
Las soluciones que se proponen son ejecutables desde el Poder Ejecutivo, pero no desde el Legislativo. Si bien los derechos humanos no requieren de una ley específica para que se apliquen, eventualmente podría legitimarse aún más el reconocimiento de los derechos de estas personas a través de la Asamblea Legislativa.
Existe una propuesta llamada “Ley de Protección del Derecho a la Nacionalidad de la Persona Indígena y Garantía de Integración de la Persona Indígena Transfronteriza”. Esta ley retoma los objetivos de la «Ley de Cedulación Indígena» de los años noventa, así como facilitar la obtención de la residencia para las personas ngäbe-buglé, quienes respaldan lo propuesto por el proyecto.
