La piña: fuente de riqueza para unas cuantas personas, de empleo para muchas otras y de debate para quiénes se preguntan qué pasa con el medio ambiente. 

La producción piñera se podría considerar una actividad agrícola que genera importantes beneficios económicos por su potencial como actividad en crecimiento constante. Además, brinda aproximadamente 30 000 empleos directos para las regiones productoras y una importante cantidad de divisas al país, según datos de Procomer.  

Por otro lado, son muchas las personas que a raíz de las denuncias, investigaciones y de la exposición cada vez mayor del tema en el debate nacional y en los medios de comunicación se preguntan ¿cómo una actividad productiva tan exitosa puede desatar un conflicto socioambiental?

En realidad, se debería hilar un poco más fino.  La pregunta debería ser ¿la expansión piñera es exitosa específicamente en cuál ámbito o para quiénes?  

¿Qué representa la piña?

La  piña  representa un producto de exportación  muy importante para la economía costarricense. Según estadísticas de la Promotora del Comercio Exterior en Costa Rica (Procomer) esta pasó de generar 662,4 millones de dólares en el 2010 a 855,1 millones de dólares en el 2014.

De hecho, la piña como producto de exportación tardó menos de 15 años en  igualar y superar en producción y hectáreas a industrias históricas del país como el café y el banano.

Costa Rica se ha posicionado en los mercados internacionales como líder en producción de piña por sus certificaciones, tratados comerciales y el intenso desarrollo de infraestructura y sistemas productivos agroindustriales que permiten el constante crecimiento, no solo los índices de producción y exportación, sino también la expansión territorial del cultivo.

La expansión del monocultivo de piña ha desarrollado una serie de tensiones y disputas alrededor de la actividad, por los impactos tanto ambientales como sociales que ha generado.

Lo anterior ocasiona fuertes tensiones entre el Estado, las empresas productoras y las comunidades afectadas. Esto termina en disputas entre quienes abogan por promover la producción y la industria de piña  y quienes protegen los recursos naturales, el medio ambiente, son explotados laboralmente y deben lidiar con los costos ambientales y sociales.

Esto se traduce en la interposición de denuncias y cuestionamientos de parte de las comunidades y de organizaciones de la sociedad civil, que exigen una participación e involucramiento mayor del Estado que permita regular y fiscalizar la expansión piñera.

Es importante recalcar que tales impactos socioambientales son producto del tipo de modelo expansivo de producción en el cual se ha desarrollado la industria piñera. Hablamos de un modelo orientado a la exportación con la introducción de paquetes tecnológicos, estilos de producción extensivos y con la utilización de gran cantidad de agroquímicos (Acuña, 2006, p. 1).

El conflicto relacionado al cultivo de piña no se da por la producción de la fruta como tal, sino por la producción extensiva y agresiva. Esto responde a los requerimientos de la demandas en los mercados internacionales y ha provocado un aumento considerable y acelerado de hectáreas. En algunas regiones del país como en la Zona Norte, Zona Atlántica y el Pacífico Sur,  la piña es una actividad extractiva bajo la dinámica de monocultivo.

¿Qué tan grande es la industria?

Según la Secretaría Ejecutiva de Planificación Sectorial Agropecuaria (SEPSA) del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG),  el territorio nacional en el 2014 tenía aproximadamente un total 46.000 hectáreas de piña. Pero según el VI Censo Nacional Agropecuario del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), para ese mismo año,  se contaba con 37. 659 hectáreas en todo el territorio nacional.

Seguidamente, para el año 2015 según la Cámara Nacional de Productores y Exportadores de Piña (CANAPEP) se reportaban un total de 40 000 hectáreas. Los 3 datos expuestos anteriormente distan de coincidir en el área total que ocupa el cultivo de piña. Por eso, existe una una falta de coherencia en los datos e importantes contradicciones entre las entidades estatales rectoras en este tema.

En ese sentido, el XXII Informe Estado de la Nación revela que el área dedicada reportada por el Censo difiere de estimaciones previas, incluso de la presentada por CANAPEP y el MAG en el 2013. También existe  discrepancia con los datos de exportación, que han sido crecientes, mientras que el área cultivada no ha registrado variaciones.

Sumado a esto, el estudio de “Monitoreo de cambio de uso en paisajes productivos” coordinado por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), , comprobó – por medio de imágenes satelitales –  que el área cultivada de piña alcanza 58 000 hectáreas en el 2016, cifra que quintuplica las 11 000 hectáreas registradas en el año 2000 y  se aleja bastante de lo que reveló el Censo Agropecuario en el 2014.

La inexactitud de información con respecto al cultivo de piña deriva en una deficiente planificación y control de la expansión piñera en el país.

Vale la pena detenerse en este punto y poner en perspectiva cómo –a pesar de que Costa Rica se proyecte como un país comprometido y preocupado con el medio ambiente y los recursos naturales en el plano internacional, su matriz productiva y el peso de actividades agrícolas como la piña muestran importantes inconsistencias y desequilibrios.

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Los impactos sociales y ambientales derivados por la actividad generan alto grado de conflicto. Además, son producto de los diferentes intereses que existen detrás de la producción y expansión, sin su debida contrapartida de regulación y fiscalización por parte del Estado.

Pero, ¿cómo ese Estado permitió consolidar el desarrollo tan acelerado de la industria piñera en el país, sin su debido contrapeso? Si los monocultivos operan como “enclaves” es porque lo hacen con el permiso exclusivo de alguien: es decir, de instituciones públicas (a diferentes escalas). Estas autorizan extraer la riqueza y se exploten recursos sin interferencia alguna. Tal situación da pie a procesos desregulados, intensivos y que acentúan impactos ambientales y sociales.

Y es a acá hasta donde quería llegar, ya que el debate que se ha generado en torno a esta actividad productiva no se debe reducir a cuestiones ideológicas. Tampoco debe considerar únicamente a argumentos a favor o en contra de la actividad. Más bien, debemos profundizar y tratar de entender los problemas estructurales que han arrastrado la situación hasta lo que tenemos hoy.

Existen desencuentros entre actores por el modelo productivo y el uso que se le dan a los recursos naturales. Esto no fue un hecho únicamente desarrollado por producir piña, sino por el modelo expansivo y agresivo, que responde a políticas y decisiones tomadas por los gobiernos de turno y modelos de desarrollo.

¿Qué permitió esto?

La expansión piñera no es un hecho aislado. No es algo que sucedió de la noche a la mañana, sino que hubo toda una plataforma económica, política y territorial por parte del Estado costarricense hacia la promoción de cultivos no tradicionales para la exportación como la piña.

Se destaca la Ley de Incentivos a las Exportaciones N° 6955 con los Contratos de Exportación, los Certificados de Abono Tributario, la creación del Consejo Nacional de Inversiones (CNI), el Régimen de Admisión Temporal y el Régimen Devolutivo de Derechos de la ley N° 7557.

Es claro el constante apoyo que recibió la actividad piñera por parte del Estado. Era una rama productiva hacia la cual estaban siendo orientadas las políticas económicas del país, por ese potencial que tenía para crear altas ganancias a bajos costos de producción.

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Entonces ¿por qué la piña y no otras frutas? El modelo de apertura comercial contribuyó a transformar la estructura productiva nacional. Es más, Costa Rica tuvo éxito introduciendo productos no tradicionales para la exportación como las raíces y los tubérculos, y otras frutas como la piña, el melón, la sandía y el mango. La falta de incentivos a la producción y por ser cosechas estacionales hizo que únicamente que la piña lograra tener éxito (Hernández, Obando, & Schuster, 2015).

Toda la estructura que paulatinamente fue generando el Estado alrededor de la industria no se tradujo de la misma manera en una institucionalidad y mecanismos idóneos que hicieran contrapeso. Más bien, llevó a consolidar una industria sólida y fuerte.

De hecho, se  nota una gran debilidad de gestión pública en instituciones fundamentales como la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA), el Tribunal Ambiental Administrativo a escala nacional y las Municipalidades a nivel local. Aquí se comprueba la poca capacidad de control previo, nulas interrelaciones entre escalas para dar un seguimiento necesario a las tareas que les competen, falta de información y de coordinación para que exista una correspondencia entre iniciativas, políticas o acciones concretas.

Una cadena de fallos

Según el XXII Informe del Estado de la Nación (2016) se demuestran serias fallas en el seguimiento y monitoreo de las viabilidades ambientales otorgadas por SETENA. No hay programas de monitoreo bien definidos y los que existen son de carácter reactivo ante las denuncias de terceros o a solicitud  de los mismo productores de piña.

En el momento que se aprueba la viabilidad ambiental resulta difícil conocer la evolución de los proyectos piñeros en la práctica, sus efectos reales o si son consistentes con los compromisos adquiridos o los instrumentos de planificación nacional que se usan como marco de referencia (Programa Estado de la Nación, 2016, p. 206).

Con respecto al Tribunal Ambiental Administrativo, su gestión presupuestaria le causa muchas limitantes. No cuenta con las herramientas ni el personal necesario para darle seguimientos a las denuncias. ¿Por qué ocurre esto? Con apenas 7 abogados, el Tribunal maneja hasta 3600 casos con apenas 7 abogados y sin sistemas adecuados que integren los expedientes.

En relación a la expansión piñera, existen aproximadamente 44 expedientes que no pueden ser atendidos por falta de recursos (Arguedas, 2016), lo que directamente entorpece los procesos de denuncia.

La ausencia de planes reguladores en la mayoría de las Municipalidades donde se produce piña se identifica como el punto crítico. No existe un control efectivo del territorio, no se garantiza el correcto aprovechamiento de los recursos naturales y da paso a una deficiente planificación y ordenamiento territorial.

Además, hay un enfrentamiento entre escalas institucionales cuando toman por su lado políticas de manejo territorial, como las moratorias (en el caso de Los Chiles, Guácimo, Pococí y Siquirres). Un ejemplo, son las repetidas ocasiones en que la Sala Constitucional ha fallado en contra de las moratorias interpuestas por los Gobiernos Locales.

La falta de ordenamiento territorial se identifica como un factor clave que desencadena conflictos relacionados a la expansión de piña. También es el detonante de la mala gestión del territorio en el país, del deterioro de los suelos, fuentes de agua y la sobreproducción de muchas actividades que directamente trae consigo problemas sociales.

De hecho, los gobiernos locales tratan de evitar el conflicto político y social que implicaría tomar medidas concretas, ya que iniciaría un proceso de debate en su territorio. Tanto el gobierno como las empresas intentan encaminar la discusión por la vía de soluciones técnicas, donde venden la ilusión que las “buenas prácticas ambientales” resuelven todos los problemas socioambientales.

Es así, como un  Estado “verde” como el costarricense vive la contradicción de tener que propiciar condiciones para el éxito de monocultivos de exportación, aun cuando deteriora el medio ambiente y los recursos naturales que necesita, y en esa dinámica, donde los únicos ganadores son los grandes sectores productivos.

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¿Hay mejoras a la vista?

Ahora bien, hay iniciativas y acciones por parte del Estado ante esta problemática, aunque aisladas y excluyentes, que no logran abarcar las escalas ni tampoco generan los resultados esperados. Dos acciones concretas son la Plataforma Nacional de Producción y Comercialización de Piña Responsable y el Plan Acción.

Si bien en estas iniciativas se puede reconocer el esfuerzo por  generar espacios de diálogo entre los sectores, las mismas surgen por un tema de competitividad y de mejora en la red productiva, es decir, un enfoque totalmente empresarial.

Ya que no responden a las consecuencias socioambientales, tampoco al replanteamiento hacia un modelo productivo alternativo, ni a la concreción de una institucionalidad socioambiental acorde a los intereses de la mayoría, o la mejor repartición de las ganancias generadas por la industria.

Estas son acciones ejecutadas de forma vertical, bajo una lógica de seguir incentivando la producción piñera a gran escala y una agenda preestablecida que excluye a las comunidades y de la misma forma, tecnifican un debate que en realidad debería ser político.

Costa Rica posee una normativa amplia, una institucionalidad diversa y herramientas legales, administrativas y de política pública en materia ambiental. Pero el Estado no ha puesto énfasis en mecanismos y trámites de control previo, lo que evidencian notables debilidades para la prevención y la evaluación adecuada de los efectos de las actividades humanas, así como en la capacidad de fiscalización y tutela (Programa Estado de la Nación, 2016, p. 62).

Indudablemente, esta problemática es más compleja de lo que se cree. No podemos reducir el debate que se ha generado a una variable económica y de empleo únicamente. Hay muchos otros factores implicados e importantes que en diversas ocasiones la opinión pública y las personas que abordan el tema dejan por fuera.

Existe una invisibilización de las consecuencias socioambientales y la reconversión agrícola por las ganancias y aportes económicos que genera la producción de piña en el país y que acumulan algunos pocos.

Efectivamente la producción y la actividad piñera generan empleo en zonas donde las oportunidades laborales son muy reducidas, pero ¿qué tipo de empleo da? ¿Es de calidad? ¿Genera desarrollo económico para quien o quienes?

Si comparamos el Índice de Desarrollo Humano Cantonal después del período de la expansión de la piña hasta el 2014 en algunos de los cantones productores, la variación no es muy significativa. Es más, los cantones Upala, Guatuso y Los Chiles se siguen manteniendo entre los últimos 10 lugares de 81 puestos, como lo evidencia la siguiente tabla.

Índice de Desarrollo Humano en los cantones de Upala, Guatuso y Los Chiles, 2000-2014

Año 2000 2005 2014
IDH Posición IDH Posición IDH Posición
Upala 0,600 76 0,675 73 0,651 51
Guatuso 0,629 69 0,691 66 0,670 74
Los Chiles 0,607 74 0,642 79 0,617 81

Fuente: Elaboración propia, con base en Atlas de Desarrollo Humano Cantonal de Costa Rica, 2016.

Lo anterior da certeza de que no necesariamente a partir de la introducción de productos agrícolas para la exportación como la piña, se crean empleos de calidad, los cuales pueden  potenciar el crecimiento social y económico y mejorar las condiciones de vida de sus habitantes.

Sumado a esto, el Índice de Competitividad Cantonal ubicó a los cantones de Upala, Guatuso y Los Chiles, en los puestos 74, 78 y 81 – respectivamente – en el 2011, es decir, en los últimos 10 lugares nuevamente.

En definitiva, existe una tendencia clara con respecto a la producción y a la expansión piñera, en el sentido de que este fenómeno es percibido como un conflicto socioambiental dependiendo desde la óptica en que se mire y desde los privilegios que se tengan.

Porque no se puede negar que es una actividad que genera grandes ganancias pero ¿dónde están? ¿quién o quienes las tienen? Mientras tanto, el Estado, por medio de sus instituciones es el que potencia y profundiza el conflicto, ya que sus acciones formales e informales, sus vacíos legales, la falta de controles, regulaciones y mecanismos efectivos de sanción, protegen y promueven la producción de piña en la regiones productoras.


Abordar la problemática de la expansión piñera en el país es una labor compleja, cada persona lo percibe y lo analiza según sus propias realidades y posibilidades, por lo que difícilmente se puede llegar a un consenso, y es por eso que no pretendo que lo acá expuesto no sea debatible, ni tampoco tener las verdades y conocimientos absolutos sobre el tema.

Más bien, la idea de este artículo es profundizar más allá de los impactos generados y abrir un espacio para que cada persona re-piense y analice el fenómeno a partir de diferentes herramientas y hallazgos, que se encuentran en mi trabajo final de graduación en Ciencias Políticas de la UCR, y también de investigaciones realizadas en equipo para el Centro de Investigación de Estudios Políticos (CIEP).


Referencias

  • Acuña, G. (2006). Producción de Piña en Caribe y Pacífico Sur de Costa Rica. Ambientico, (158), 20.
  • Araya, J. (2017). Expansión piñera se comió 5.568 hectáreas de bosque. Semanario Universidad. Disponible en https://goo.gl/DjvxTn
  • Arguedas, D. (2016). Casos contra piñeras se añejan atorados en el Tribunal. Semanario Universidad. Disponible en https://goo.gl/wu3aCz
  • Hernández, A., Obando, A., & Schuster, D. (2015). Conflicto de la moratoria piñera en los cantones de Pococí, Guácimo y Siquirres. Trabajo académico elaborado en el marco de la Licenciatura en Ciencias Políticas de la Universidad de Costa Rica.
  • Instituto Nacional de Estadística y Censos. (2015). VI Censo Nacional Agropecuario (Estadistico) (p. 146). Costa Rica: Instituto Nacional de Estadística y Censos. Disponible en https://goo.gl/7vkTDB
  • Programa Estado de la Nación. (2014). Vigésimo Informe del Estado de la Nación en Desarrollo Humano Sostenible (No. XX Informe-Estado de la Nación 2014). San José: Programa del Estado de la Nación. Disponible en https://goo.gl/PeZsvw
  • Programa Estado de la Nación. (2016). Vigésimosegundo Informe Estado de la Nación en Desarrollo Humano Sostenible (No. 22). San José.
  • Promotora de Comercio Exterior. (2015). Estadísticas de Comercio Exterior de Costa Rica (p. 242). San José: Promotora de Comercio Exterior de Costa Rica. Disponible en https://goo.gl/cQnTZj

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