El primer producto de la unidad de investigación de Revista Vacío logró encontrar que algunos de los informes económicos de la Federación de Estudiantes de la UCR revelan favoritismos y pagos de bienes y servicios no estipulados dentro del estatuto universitario.
La falta de dinero que enfrentan actualmente las distintas dependencias de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Costa Rica (FEUCR) ha generado molestias y discusiones en el sector estudiantil durante las últimas semanas, pues ha interferido en el desarrollo de varias de sus actividades.
Es deber de la FEUCR justificar sus egresos económicos de cada período para recibir el reintegro de dinero que le permita trabajar durante el período siguiente. Entre todos los órganos que la componen, la FEUCR administra por año un presupuesto superior a los 200 millones de colones.
A diferencia de lo que muchas personas podrían creer, este dinero que utiliza la FEUCR no proviene del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES), sino del pago que cada estudiante por “Derechos de Bienestar Estudiantil”, el cual se cobra con la matrícula de cada semestre. Para el 2017, ese monto ascendió a 2750 colones.
Según un oficio de la Contraloría Estudiantil (el órgano fiscalizador de las finanzas de la FEUCR), el Directorio Federativo (el máximo órgano que ejecuta acuerdos) hizo una entrega tardía de facturas. Esto impidió al primero hacer la revisión del informe económico del período anterior. Finalmente, Contraloría decidió no autorizar el giro del dinero que financiaría las actividades de la popular “Semana U”.
(Puede leer el oficio completo en este enlace).
Es importante dejar claro que Alternativa, la tendencia política que actualmente dirige el Directorio de la FEUCR, es una agrupación política estudiantil dentro de la Universidad de Costa Rica que fue conformada en parte por antiguos adherentes del partido universitario Progre. Además, una buena parte de sus militantes tienen afinidad con el Frente Amplio.
Como más adelante exponemos, Alternativa ha recibido distintos cuestionamientos por parte de la comunidad estudiantil durante sus dos gestiones. La primera fue bajo la presidencia de Yordan Vargas Solano de diciembre del 2014 al mismo mes del 2015. La tendencia regresó al Directorio en el 2016, cuando Gregory Garro Jiménez fue electo presidente.
Revista Vacío revisó los informes económicos de ambas gestiones de Alternativa y encontramos las siguientes posibles irregularidades.
Beneficios a militantes de Alternativa
Como los fondos ingresan a una institución pública, se consideran recursos públicos. Este es motivo suficiente por el cual se debe usar con objetivos claros y en beneficio de los intereses de la comunidad estudiantil.
En muchas ocasiones, el desarrollo de los proyectos requiere de una inversión en viáticos para darle a quienes corresponda las herramientas básicas para hacer su trabajo. En ese tipo de casos, quienes reciben ese dinero deben firmar un documento bajo juramento declarando que los recursos serán utilizados exclusivamente para fines del movimiento estudiantil. Cualquier estudiante de la UCR puede ser beneficiado de esos viáticos.
En el caso del Directorio de Alternativa presidido por Yordan Vargas (2014 – 2015) se registran giros de dinero realizados a miembros del Directorio y que benefician directamente a las personas militantes de su partido. Si se enfoca en el propio presidente, se encontraron declaraciones juradas de ayuda económica por un total de 352 mil colones.
Algunas de esas declaraciones son justificadas, como lo son los viáticos para distintas giras. No obstante, otras declaraciones cuentan con descripciones muy vagas. Hay una por 53 mil colones cuya justificación solo dice “Gastos de directorio” . De igual manera encontramos declaraciones que sustituyen facturas por servicios profesionales realizados por terceras personas que no se identifican ni entregaron la debida factura. Esta práctica permite obviar la regulación tributaria que corresponde por haber brindado dichos servicios.
Asimismo, se giraron 287 mil colones bajo declaraciones juradas para gastos personales. Por ejemplo, se destinó ayuda económica en alquiler de vivienda, alimentación e incluso defensa legal de una persona involucrada en el 8N a pesar de que existen defensores públicos encargados de cubrir esta necesidad.
Lo problemático aquí es que Luis Diego Retana Solano —quien recibió el beneficio de la defensa legal financiada por la FEUCR— es militante del partido Frente Amplio. Incluso, él fue candidato a regidor en el cantón de Jiménez en las pasadas elecciones municipales del 2016.
El Fondo de Apoyo complementario
El Fondo de Apoyo Complementario surge para “brindar asistencia económica, como medida situacional, para disminuir la problemática que enfrentan los y las estudiantes de carreras con altos gastos económicos de la Universidad de Costa Rica, y evitar la deserción estudiantil a causa de factores económicos”.
Durante la gestión 2014 – 2015, se utilizó dicho fondo para girar dinero de forma preferente a tres personas vinculadas con el partido Alternativa para que pudieran cancelar su matrícula o el alquiler de su apartamento. No existe un documento que pruebe que hayan usado el dinero para esos fines.
A Andrés Díaz Picado, 90 mil colones para que cancelara su matrícula. Él militó en Alternativa desde la campaña del 2014 hasta mediados del 2016. Al ser consultado por este giro, Yordan Vargas, expresidente de la FEUCR, dijo que le dieron los fondos luego de verificar que el estudiante tenía la máxima categoría de beca (que en la actualidad se le denomina beca 5 y anteriormente fue conocida como beca 11) que otorga la universidad y que vivía en situación de pobreza. Vargas alegó que la deuda del estudiante era mucho mayor a ese monto.
No obstante, la normativa de adjudicación de becas de la UCR establece que un estudiante con beca 5 tiene “exoneración del 100% del costo de matrícula y en costos de laboratorios, actividad deportiva, graduación y reconocimiento de estudios. Un monto económico para gastos de carrera o carreras. Cuando corresponda se otorgará un monto por pobreza extrema. Un 100% para gastos de transporte o alojamiento (reubicación geográfica o residencias estudiantiles); 100% del costo del almuerzo y otros tiempos de comida y un 100% en servicios”.
La misma gestión dio a María Alexandra Álvarez Arias 50 mil colones para pagar el alquiler de su apartamento. Actualmente ella es representante del partido ante el Consejo Superior Estudiantil y participa activamente en sus filas desde el 2015. Por último, a Juan Bautista Alfaro Rojas, quien apoyó las campañas del 2014 y el 2015, recibió el beneficio de 100 mil colones para el “pago de alquiler”. Entre los tres casos hubo un desembolso total de 240 mil colones.
Sobre el caso de Juan Bautista Alfaro, el expresidente de la FEUCR dijo que “creía que fue en [el ciclo lectivo de] verano” (aunque la solicitud es del 01 de septiembre de 2015) y que el apoyo respondía a que “él no tenía los recursos necesarios para pagar su aparta y manuntención de lo que le depositaban de la beca”.
También se le consultó al expresidente Vargas por estas gestiones y justificó la de María Alexandra como “apoyo para una actividad internacional”. “Ella estaba en un grupo de cinco estudiantes de Derecho que pidió apoyo para ir a una gira en Uruguay”, dijo.
No obstante, al 17 de agosto de 2015, María Alexandra Álvarez no estaba registrada como estudiante de Derecho en la Universidad de Costa Rica. Esto se debe a que, como dice el recibo, su carné de estudiante inicia con “B5”. Es decir, ingresó a la UCR en el año 2015. El mismo recibo establece que fue empadronada en la carrera de Ciencias de la Comunicación Colectiva y en primer año no se permite cursar 2 carreras de forma simultánea.
Otro caso es el de Andrea Cervantes, la actual vicepresidenta del Directorio Federativo, quien recibió 200 mil colones para fungir como representante estudiantil en los Juegos Mundiales Universitarios Corea del Sur 2015.
Esta asignación de dinero contradice el artículo 14, inciso c del decreto de Lineamientos del Programa Federado de Asistencia Económica. Aunque la versión más actual de ese decreto es de febrero de 2016, su versión de 2014 establece que el monto máximo que puede asignarse a un único estudiante es de 350 dólares.
La versión 2014 de este reglamento fue creado por decreto durante la gestión de Alejandro Madrigal (del partido Progre) y fue actualizada por Luis Siles (también de Progre) en el 2016.
Yordan Vargas insistió en que “no existe tal reglamento” y es que “no existe institucionalidad que dicte el quehacer diario [de la Federación]”. Los reglamentos mencionados se pueden consultar aquí (la versión 2014) y aquí (versión del 2016).
Las fiestas a las que la comunidad universitaria no fue invitada
El inicio de lecciones del año 2015 estuvo marcado por tres polémicas: la repartición de entradas a la conferencia con Evo Morales que favoreció a la fracción legislativa y la Juventud del Frente Amplio; así como una charla privada con Rigoberta Menchú en la que solo participaron militantes de Alternativa.
La más conocida fue la distribución de un planificador mensual con mensajes alusivos a distintos movimientos sociales. Dicho planificador fue llevado a la Asamblea Legislativa por Otto Guevara, quien aprovechó la oportunidad para criticar a la FEUCR y a la UCR.
El Directorio Federativo dirigió sus esfuerzos en comunicación durante la Semana de Bienvenida a anunciar las habituales actividades culturales y a polemizar ideológicamente con el diputado.
Pocos días después de que la gente se cuestionara cómo el planificador llegó al Plenario Legislativo, se destinaron más de 100 mil colones en un evento que no fue anunciado por ningún medio de comunicación oficial de la FEUCR y se realizó a 100 kilómetros de distancia de la Sede Rodrigo Facio.
El 16 de marzo de 2015, el supermercado MaxiPali de Siquirres facturó a nombre de la Universidad de Costa Rica más de 50 mil colones en 62 artículos que incluían: tortillas, servilletas, frijoles molidos, carbón y chispa; compras típicas para una carne asada. Eso sí, ningún artículo perecedero fue comprado ahí.
Los informes económicos revelan otras siete facturas con la misma fecha que incluían más compras necesarias para la organización de una fiesta. Entre los artículos facturados aparecen: salchichón, hielo, bandejas, carne, helado y chorizo . Todas esas adquisiciones se hicieron en distintos locales comerciales ubicados en Siquirres.
La UCR cuenta con una pequeña sede en Siquirres que durante el año 2015 tenía alrededor de cien estudiantes. Si esta actividad se trataba de acercar gente en un recinto tan pequeño estaría justificada. No obstante, no consta evidencia alguna de la naturaleza del evento.
Las redes sociales de la Asociación de Estudiantes del Recinto Siquirres no anunciaron una actividad similar para esa fecha y en los informes económicos no se encontraron registros de algún otro evento similar organizado en otras sedes.
“Hay una partida presupuestaria que se llama ‘Capacitación’, comunemente esas facturas ingresan en ese rubro y son recibidas por la ‘U’. Están destinadas a crear espacios comunes para el intercambio social o de conocimientos”, explicó el expresidente Vargas.
Al preguntarle a Vargas el porqué no existe una sola foto de dicha actividad de aparente interés estudiantil, él devolvió la pregunta: “¿Cómo determina que tiene que haber un rastro en algún lugar?”. “Le puedo dar ejemplos de actividades de las que no hay rastro: eso depende de la convocatoria de la gente, de la importancia relativa el evento y si hay o no espacio para publicarse”.
Esta podría ser una actividad irrelevante de no ser porque se utilizaron recursos públicos para realizarla. Sin embargo, no fue la única vez que esto sucedió. En las elecciones federativas del 2016 – 2017, cuando el partido Alternativa volvió al Directorio de la FEUCR, decidieron realizar un encuentro privado en fechas cercanas al inicio de clases, con la diferencia de que el costo de este evento fue 15 veces mayor al del 2015.
El informe económico más reciente revela un recibo – que carece de los requisitos de una factura timbrada – por 1 500 000 (un millón y medio) colones que ingresaron al Centro de Recreación de la Unión Nacional de Empleados de la Caja y la Seguridad Social (UNDECA). El documento está a nombre de la Universidad de Costa Rica y con fecha del 3 de febrero de este año.
En ese recibo no se especifica si hubo alguna compra de bebidas alcohólicas.
Una llamada telefónica a dicho centro de recreación nos permitió confirmar que una actividad a nombre de la Universidad de Costa Rica se reservó y se celebró el fin de semana los días 27, 28 y 29 de enero anterior. El Directorio de la FEUCR no convocó abiertamente a ninguna actividad ese mes que pudiera justificar ese gasto.
Fuentes anónimas nos permitieron tener acceso a capturas de pantalla de un chat de Whatsapp interno del Partido Alternativa donde se evidencia la convocatoria a una “Jornada de formación” en el mismo lugar y para las mismas fechas.
El actual presidente de la FEUCR, Gregory Garro, confirmó que esa fue una actividad del Directorio Federativo. “Alternativa no tiene nada que ver en esto”, acotó. “Fue una actividad de formación política para el grupo de trabajo del directorio de la FEUCR, tanto el directorio como los miembros que colaboran en comisiones y proyectos”.
Garro también comentó que la Federación de Estudiantes de la Universidad Nacional (FEUNA) y la del Instituto Tecnológico de Costa Rica (ITCR) también realizaron actividades similares. Según Garro, la idea de estos encuentros es generar discusión y posibles soluciones ante distintas problemáticas de la situación universitaria y nacional.
El Directorio 2014-2015 había realizado un gasto importante en el mismo centro de recreación, esa vez por 1 200 000 (un millón doscientos mil) colones.
El recibo de enero de este año no fue entregado a la Contraloría Estudiantil sino hasta el pasado 6 de abril, a menos de un mes de la Semana U 2017 y con un receso institucional de por medio. La realización de actividades privadas con fondos públicos y la negligencia en la realización del trámite de reintegro de ese dinero complicaron la liquidez de los fondos para Semana U.
Según el exdirigente del Directorio Federativo de dicho período, “llevaron a 100 personas [al Centro] para que se capacitaran en varios temas: análisis de coyuntura, déficit fiscal y el Fondo Especial de la Educación Superior (FEES)”.
Este año el Directorio gastó un millón y medio de colones en esa jornada de formación para su partido político. No obstante, fue bastante criticada cuando realizó la convocatoria a distintos artistas para que se presentaran en Semana de Bienvenida recibiendo únicamente agua como pago. Abajo puede apreciar uno de los comentarios vistos en redes sociales.
Falta de controles
Ambos Directorios FEUCR de Alternativa han sufrido muchos cuestionamientos por el manejo que realizan de los fondos públicos. Este 2017 se les ha acusado de mantener información oculta de las Asociaciones y hasta se les ha denunciado ante el Consejo Superior Estudiantil por negligencia.
No obstante, las irregularidades financieras sólo son posibles por el sistema de pocos controles que existe. Muchos de los actos no se encuentran establecidos en el Estatuto de la Federación y carecen de base normativa para ser efectuados. Es decir: no se tienen claros hasta este punto los límites y limitaciones de los actos ejecutados por la Federación.
Pese a que el Movimiento Estudiantil goza de autonomía administrativa, no es ajeno al deber de cumplir con la legislación nacional vigente y actuar en apego a las normas y principios constitucionales de Costa Rica. La más clara referencia podría ser la Ley General de Administración Pública.
Notas
Puede revisar todas las imágenes citadas en este artículo en esta carpeta de Dropbox.
Si bien esta investigación fue firmada únicamente por Manuel Mojica, el autor agradece a las distintas personas que optaron por permanecer en el anonimato y facilitar información, pruebas documentales o testimoniales que ayudaran a dar coherencia a los datos.
Nota de las editoras
El reportaje que ustedes acaban de leer es el resultado de poco más de una semana de trabajo de revisión documentos entre muy pocas manos. Analizamos 759 fotocopias de los informes económicos del Directorio de la Federación de Estudiantes 2014-2015 y el de 2016-2017. Ésta es información pública y se puede consultar en la Contraloría Estudiantil, uno de los órganos de la FEUCR. Es probable que nuestro trabajo se quede corto, pero marca un antecedente, iniciamos la conversación. Es ahora el deber de las instancias competentes iniciar investigaciones más a profundidad, si lo consideran necesario.
Nuestra intención jamás será cuestionar la autonomía de la que goza el Movimiento Estudiantil, pero consideramos necesaria una conversación sobre los distintos mecanismos de transparencia con los que cuenta este actor político.
Creemos firmemente en la importancia de la educación pública y de calidad. Nuestro objetivo aquí no es hacerle daño a la imagen de un partido (universitario o nacional), a la Federación de Estudiantes, al movimiento estudiantil ni a la U. Lo que queremos es que existan reglas claras para el uso de los fondos, que se creen metodologías de fiscalización sencillas y accesibles, que toda la comunidad universitaria entienda dónde va lo que pagan y cómo pueden acceder a los distintos beneficios en caso de necesitarlos.
Revista Vacío ya dio el primer paso, revisamos los documentos, ahora dejamos esta información en sus manos.
