Aunque el Proyecto Irazú no es el primer esfuerzo tico en llegar al espacio, este es el primero en usar crowdfunding. Hacerlo únicamente con recursos del Gobierno lo hubiese hecho más difícil.

Como químico frustrado, siempre que conozco a un científico le pregunto en qué trabaja para tener una idea de lo que podría estar haciendo. En el Campus Party 2015 me comentaron un poquito de la idea de lanzar “el primer satélite con sello tico”. Me sonó muy complicado. Y resultó serlo mucho más de lo que yo creí.

La construcción y puesta en órbita del primer satélite desarrollado en Costa Rica y Centroamérica tiene nombre: Proyecto Irazú. La ambiciosa iniciativa surge de la Asociación Centroamericana de Aeronáutica y el Espacio (ACAE) y tiene como objetivo monitorear el cambio climático en los bosques tropicales del país.

Si bien este proyecto es respaldado en parte por el Instituto Tecnológico de Costa Rica (ITCR), la institución no pudo asumir la totalidad de los gastos. ¿Cómo resolvieron el resto del financiamiento? Muy fácil: crowdfunding.

La iniciativa, publicada en Kickstarter, logró alcanzar y superar su meta de $75,000 en menos de un mes. Ahora sí, Costa Rica puede dar un paso que estaba inicialmente reservado para países en conflicto no-declarado.

“Hay una realidad, y es que somos un país de renta media. Sabemos que en el Estado no hay suficientes recursos para desarrollar estos proyectos de forma plena. Por eso decidimos ponernos manos a la obra y arrancar con toda estrategia para vincular a la sociedad civil”, me comentó Carlos Alvarado, presidente de ACAE.

El Primer Informe del Estado de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación (ECTI) señala con contundente sinceridad una de las problemáticas que tiene el tema en Costa Rica: escasa inversión nacional en investigación y desarrollo. De hecho, el ECTI señala que solo el 0,57 % del PIB se destina a estas actividades.

Si bien esta cifra suena como una cantidad enorme de dinero… no lo es. Me consta como representante estudiantil ante la Comisión de Investigación de la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva de la UCR (somos famosos por nuestros nombres cortos) que las investigaciones académicas requieren fondos meramente para tener con qué trabajar.  Las cantidades de dinero no son precisamente holgadas y deben cubrir desde el pago de asistencias estudiantiles hasta la compra de papel para imprimir.

La escasa inversión económica de parte del sector público recae en que la investigación comúnmente queda en manos de docentes de las las cinco universidades estatales, y deben pedir fondos a la institución en que trabajan, o al Consejo Nacional de Rectores (CONARE).

Cada una de las universidades tiene que repartir su presupuesto entre el pago de salarios, material de oficina, reactivos químicos, papel de baño, pago de servicios básicos y financiamiento de otras actividades, como proyectarse a la comunidad o financiar el trabajo de un investigador. Este presupuesto se arma según el monto pactado en cada negociación del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) y cómo se distribuye entre las universidades.

Los porcentajes relativamente pequeños asignados a la investigación (aproximadamente 6.351.049.696 colones en este 2016) no tienen que ver precisamente con los ‘beneficios’ de los empleados públicos, con las infinitas mociones en la Asamblea Legislativa o con la pérdida de de valores de la sociedad tica.

El asunto presupuestario para la investigación responde a un contexto histórico mucho más amplio en el que Costa Rica –como toda la región– ha bailado a distintos ritmos.

Con el fin de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos comenzó a entrometerse en el qué hacer de otros países a través de la institucionalidad.

De hecho, por su iniciativa surge la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en 1945 para ‘fomentar la cooperación internacional’, más allá de los conflictos bélicos. Con esta sombrilla se crea en 1948 la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), el órgano encargado de sugerirle a sus asociados qué hacer en temas financieros.

El Mercado Común Centroamericano (MCCA) se funda 12 años después con la idea de juntar los pequeños mercados de la región. También quería impulsar el modelo base del estado desarrollista: dejar de importar y empezar a producir lo propio.

Para mediados de los sesenta, Costa Rica contaba con dos tipos de profesionales: los egresados de la UCR y los del INA. Ambos grupos lograron, de forma diferenciada, eso sí, insertarse en el mercado laboral que crecía y crecía cortesía del Estado.

Llegaron los setenta. El recinto de San Ramón de la UCR ya existía. A lo largo de la década se crearon el TEC, la Universidad Nacional (UNA) y la Universidad Estatal a Distancia (UNED), todas con un perfil muy diferente al de la UCR. Y aún así no daban abasto, pues no podían captar a todos los egresados de la educación secundaria.

En 1981, surge la primera institución de pago: la Universidad Autónoma de Centro América (UACA), dándoles a las universidades privadas la misión de “democratizar el acceso a la educación superior”.

Aunque se intentó crear otras universidades estatales… regionalizar fue más estratégico:  así se reparte el presupuesto entre menos instituciones.

Con las Crisis Energéticas de 1973 y 1979, varios problemas del MCCA se hicieron notorios, principalmente por ser un proyecto netamente económico.

Más allá del istmo, las cuatro figuras políticas que se encargaron de crear el discurso neoliberal en China, Reino Unido y Estados Unidos fueron astutos y de una mezclaron la político con la plata.

Deng Xiaoping fue el presidente que creó la dicotomía capitalista-socialista en China y logró proyectarla hacia el resto del mundo. Margaret Thatcher fue primera ministra del Reino Unido y logró controlar la inflación… y también reprimió a los sindicados y privatizó empresas estatales.

 Paul Volcker y Ronald Reagan, ambos estadounidenses, lograron mejorar la situación gringa. Volcker logró solventar el estancamiento económico y reducir los niveles de inflación. A Reagan no le fue tan bien: aunque logró que el PIB creciera y creó nuevos empleos, también creció la deuda pública por los gastos militares de la Guerra Fría.

El Consenso de Washington se empezó a aplicar en los noventa: diez políticas liberales específicas que tuvieron repercusiones en el país, como acoger las medidas del Banco Mundial que empezaron con abrir una zona franca por aquí y ubicar una transnacional por allá, fomentar exportaciones no tradicionales, limitar la contratación y el gasto del sector público… y cuando Figueres pasó, Costa Rica se quedó sin empresas públicas.

Si bien sería inconstitucional pedirles a las universidades públicas que busquen financiamiento propio, pueden crearse políticas que favorezcan “la mercantilización de la academia”.  Se les puede otorgar más recursos a ciencias básicas, de la salud, ingeniería y administración de empresas; mientras que otras áreas como artes y ciencias sociales han tenido que dar la lucha.

El próximo convenio FEES (2016 – 2020) se está negociando en este momento. Lo que se logre con estos diálogos no solo afecta a la gente dentro de las universidades. Costa Rica entera se ve beneficiada – o afectada – con lo que se pueda desarrollar.

El conocimiento no es exclusivo de los académicos. Ellos no pueden monopolizar algo que es de todos. O mejor dicho, ellos no pueden tomar el control de algo que nos corresponde trabajar entre todos, más allá de los recursos que el país pueda destinar específicamente a la causa.

Cuando hablé con Carlos Alvarado y le expliqué la reconstrucción histórica en la que estaba trabajando, me interrumpió cuando llegué al Estado paternalista. “Irazú se demuestra que el pueblo de Costa Rica tiene una ambición, que busca lograr dar el salto hacia la sociedad del conocimiento a través del desarrollo de proyectos ambiciosos”, me afirmó con total seguridad.

Pero antes de terminar, me dejó la bola picando: “Tenemos que dejar esa visión de que el Estado nos tiene que dar todo, es lo que nos tiene estancados como país”.


Notas

Gracias a Ronny Viales, director del Posgrado en Historia de la UCR, a quien debí haber citado en casi cada párrafo de este texto.

Imagen de portada de Wikimedia Commons.

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