Un relato corto sobre cómo el Destroyal, un evento de patinetas y música, puso en evidencia la limitada visión de la institucionalidad ante los compromisos de desarrollo sostenible del país.

Domingo 10 de Abril. Un grupo de jóvenes se agrupan en un espacio público, el Skate Park Meza de Alajuela, donde se combina el deporte y la música en un festival con nueve bandas y más de 25 patrocinadores: el Destroyal Alajuela 2016. Según la organización, en el evento participaron alrededor de 300 personas, en su mayoría jóvenes.

Miseria en Tarima, foto por Aaron Sagot de DSPR

Miseria en Tarima, foto por Aaron Sagot de DSPR

Después de unas horas de transcurrido el evento, llegó la policía. Llegaron con dos buses llenos de oficiales, acompañados por 2 patrullas tipo pick-up y un automóvil. Ante la llamada de una organización religiosa cercana al skate park, llegaron buscando permisos y buscaban cómo cancelar el evento.

En vista de que no lograron encontrar nada mal con la organización ya que todos sus permisos estaban en orden, procedieron a amenazar con requisar a todos los asistentes del evento. Requisaron a varios y detuvieron a uno de los asistentes por estar tomando cerveza en el parque, quien tuvo que permanecer alrededor de 4 horas encerrado en uno de los vehículos.  La policía estuvo ahí desde las 5:00 pm hasta las 9:00 pm.

Luego de esta intervención por parte de los policías, la mayoría de la asistencia del evento se disipó. Durante las últimas horas del evento, había más policías que civiles disfrutando del espectáculo.

¿Qué tiene que ver esto con sostenibilidad? Me gustaría aprovechar este caso para ilustrar cómo situaciones del día a día son contradictorias con los principios de sostenibilidad que se dictan en el país a partir de la política pública. En especial, me gustaría referirme a la necesidad de espacios culturales y de promover el uso de espacios públicos para los jóvenes, y el del costo económico y ambiental de la intervención policial.

  • La necesidad de promover la cultura y el uso de espacios públicos

Recordemos que el elemento social es un pilar indispensable del desarrollo sostenible. En papel, nuestro país reconoce que las actividades culturales son de interés público. El Sector Cultura y Juventud del Plan Nacional de Desarrollo, establece el objetivo de “garantizar el disfrute, la vivencia, el ejercicio efectivo y responsable de los derechos culturales y el ejercicio de los derechos de las personas jóvenes para una mejor calidad de vida”.

El que la juventud pueda contar con actividades gratuitas en espacios públicos contribuye al cumplimiento de este objetivo de manera inclusiva. Sin embargo, el mismo PND indica que existe un problema de falta de reconocimiento a la diversidad cultural a causa de una visión limitada que privilegia solo algunas manifestaciones culturales. Sucede entonces que si el festival hubiese tenido un cierto tipo de música o promovido un cierto tipo de deporte, tal vez los vecinos no hubieran llamado o no hubieran llegado tantísimos policías.  Probablemente el trato habría sido diferente o quizá los policías se habrían ido en menos tiempo.

Uno de los asistentes Kako Vega, patinando, foto por PuriTICOSkate

Uno de los asistentes Kako Vega, patinando,  foto por PuriTICOSkate

Por otro lado, la cultura “skate” suele ser estigmatizada por ciertos sectores de la sociedad como destructiva, delictiva o peligrosa. Sin embargo, poco a poco se ha demostrado que los skateparks brindan una oportunidad para que jóvenes, en especial aquellos en riesgo social, puedan dedicarse a una actividad física que los reta y los mantiene lejos de la ociosidad y la delincuencia.

Esto contribuye a disminuir índices de delincuencia e incluso de deserción escolar, como bien lo demostró el proyecto de Fundación Acción Joven, que construyó el primer skatepark en un colegio público en Centroamérica. Los skateparks también contribuyen a una serie de otros beneficios sociales y económicos, como promover estilos de vida activos y a su vez, una mejor salud mental y física, disminuir el daño a inmobiliario público que usualmente se usa por los “skaters” sin un lugar dónde patinar.  Además, se ahorran los costos de tener vigilancia policial en espacios públicos donde se quiere evitar que se patine.  Estos centros atraen visitantes de otras comunidades y contribuye al desarrollo económico local, entre otros.

Algunos de los asistentes mostrando “balance boards”, foto por Bernardo Soto

Algunos de los asistentes mostrando “balance boards”,  foto por Bernardo Soto

  • El costo económico y ambiental de una intervención de este tipo

Los 5 vehículos que llegaron al evento estuvieron encendidos durante 4 horas. Esto me pareció absurdo en términos económicos y ambientales. Le pregunté a los oficiales, al 911 y a la central de la Policía Municipal que, si el país tenía una meta de alcanzar la carbono neutralidad y de reducir sus emisiones, por qué ellos tenían los vehículos encendidos por tantas horas. Ellos me dijeron que existía un protocolo el cual indicaba que estos vehículos deben permanecer encendidos por ser vehículos de emergencia. No encontré dicho protocolo en Internet.

Luego me fui a hablar con el Director Regional de Alajuela Randall Picado. Sí, la presencia policial era TAN necesaria en el evento que hasta el Director REGIONAL tenía que estar ahí un domingo en la tarde. Cuando le comenté que en el evento no había ninguna emergencia y que si podíamos apagar las patrullas, argumentó que tenían que estar visibles con las sirenas puestas. Ya que en el parque había buena iluminación, le pregunté cuál era la necesidad de tener las luces encendidas.  

Ante esto, y después de preguntarme de dónde era, me dijo que yo no sabía dónde estaba metida. Ellos tenían que estar ahí para mantenernos seguros porque el parque estaba cerca de barrios peligrosos.

Justo cuando terminó la música, los policías se fueron.  El discurso no fue muy consistente porque ni esperaron a que los músicos terminaran de desmontar y cargar sus instrumentos. Le pregunté también si no nos podían mantener seguros sin tener los vehículos encendidos. Me preguntó que por qué no apagábamos nosotros las luces y los amplificadores. Aunque le indiqué que no estábamos emitiendo gases contaminantes, él dijo que estábamos generando contaminación sónica. De nuevo, el debate de qué es música, qué es cultura y qué es contaminación sónica.

Al final, creo que el Director se hartó de mis preguntas y me dijo que lo bello de vivir en una democracia era que todos podíamos opinar diferente. Me cansé de su prepotencia y le dije que también era valioso el poder conversar y cuestionarnos, y que tal vez, solo tal vez, podíamos escucharnos para hacer las cosas un poquito diferentes.

Haciendo unos cálculos aproximados, si consideramos que logramos contar alrededor de 30 policías, algunos de la Fuerza Pública, otros de la Policía Municipal, y calculando que estos policías estuvieron en el evento aproximadamente 4 horas, podríamos calcular que su presencia le costó al estado entre 250.000 y 300.000 colones. Eso es más de lo que un trabajador no calificado gana en un mes.

Adicionalmente, el consumo de combustible de los vehículos solo estando ahí parqueados (no considerando viajes) pudo haber rondado los casi 14.000 colones. En términos de emisiones, todos los vehículos juntos podrían haber aportado alrededor de 2kg de CO2 equivalente. Lo que se emitió en esas 4 horas equivaldría a más o menos un 40% de las emisiones que un tico promedio genera al día(1).

En un país con compromisos ambientales tan ambiciosos, uno esperaría que el quehacer de las diferentes instituciones públicas se alinearía a un mismo discurso. Uno esperaría que los protocolos de las diferentes instancias del gobierno responderían a estos compromisos y al sentido común, y que sus funcionarios estarían capacitados no solo para poder aplicarlos, sino también para cuestionarlos cuando éstos no tienen sentido. En una época en que se empieza a reconocer no sólo los beneficios sociales sino también el valor económico del sector cultural para la sociedad, uno esperaría que se reconocieran diferentes tipos de música como música y no como contaminación sónica.

En un país cuyo Plan Nacional de Desarrollo busca generar oportunidades de recreación para sus jóvenes, no habría persecución en eventos deportivos y culturales creados por y para jóvenes. Finalmente, en una época donde el Estado está tratando de recortar sus gastos, me pregunto si no hubiera sido más que suficiente que se enviara una sola patrulla a corroborar que el evento tenía todos los permisos y que no había una situación de emergencia sucediendo.

Me parece que todo lo demás estuvo de sobra, que mucho funcionario público sigue aplicando la ley del mínimo esfuerzo, de apegarse a los protocolos y no cuestionar, y que como decía un profesor: el sentido común es el menos común de los sentidos.


 

(1)Para quienes quieran ver de dónde salen estos números, aquí está la hoja de cálculo

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